IRÁN: LA TEOCRACIA QUE GOBIERNA CON CENSURA Y SILENCIO

Desde el 28 de diciembre de 2025, Irán vive una crisis sin precedentes que combina colapso económico, protestas masivas y una represión estatal brutal que ha costado la vida a miles de personas. Lo que comenzó como una huelga de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán ante la caída del rial iraní y la hiperinflación se transformó rápidamente en un movimiento nacional que clama por el fin del régimen teocrático del ayatolá. 

La respuesta del Estado ha sido letal: según cifras de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al menos 28 manifestantes murieron entre el 31 de diciembre y el 3 de enero por disparos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cifras más recientes de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) reportan más de 2.400 muertes, aunque algunos estimados sugieren que el número real podría superar las 6.000 víctimas.

La represión ha sido sistemática y desproporcionada. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía FARAJA, han utilizado todo tipo de armas para dispersar manifestaciones en gran medida pacíficas. En Azna, provincia de Lorestán, al menos seis manifestantes murieron cuando agentes abrieron fuego contra la multitud. En Malekshahi, provincia de Ilam, cinco personas perdieron la vida tras disparos desde una base militar de la Guardia Revolucionaria. Las provincias de Lorestán e Ilam, habitadas por minorías étnicas kurdas y luris, han sufrido la represión más mortífera. Los ataques no se limitan a las calles: el 4 de enero, fuerzas especiales asaltaron el Hospital Imán Jomeini de Ilam, disparando perdigones y gas lacrimógeno contra pacientes, familiares y personal médico.

Ante el crecimiento imparable de las protestas, el régimen iraní ha recurrido a una de sus tácticas más efectivas de control social: el silenciamiento digital. Desde el 8 de enero, Irán implementó un apagón casi total de internet, el más prolongado y severo en la historia reciente del país. 

Organizaciones de monitoreo como NetBlocks y Cloudflare Radar reportaron caídas de hasta el 98% en el tráfico de redes. Los iraníes quedaron desconectados no solo de internet global, sino también de llamadas telefónicas internacionales y mensajes de texto internos. Solo funcionó esporádicamente una intranet nacional limitada a servicios locales y medios estatales controlados por el gobierno. Incluso las terminales Starlink de SpaceX, utilizadas para eludir restricciones, fueron bloqueadas con tecnología de grado militar.

Este apagón digital no es una medida nueva en Irán, sino una estrategia utilizada y refinada a lo largo de años. En 2019, durante protestas por el aumento de precios del combustible, el régimen cortó internet durante tres días, periodo en el que murieron 350 personas según Amnistía Internacional. En 2022, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, se implementaron cortes parciales por zonas durante meses, dejando un saldo de 550 víctimas. Sin embargo, el corte actual supera en duración y alcance a todos los anteriores, convirtiendo al país en una isla informativa donde resulta prácticamente imposible documentar las violaciones de derechos humanos. 

La censura digital constituye una violación flagrante a la libertad de expresión y al acceso a la información, consagrados en tratados internacionales que Irán ha ratificado. Al cortar las comunicaciones, el Estado no solo impide que los manifestantes se organicen, sino que también silencia a periodistas, defensores de derechos humanos y testigos que podrían documentar los abusos. Esta estrategia de opacidad deliberada crea un vacío informativo que beneficia exclusivamente al régimen, permitiéndole ejercer violencia extrema lejos de la mirada internacional. La imposibilidad de verificar información en tiempo real facilita además la difusión de desinformación estatal y videos manipulados que buscan deslegitimar las protestas.

El derecho a la protesta pacífica, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido completamente anulado en Irán. Las autoridades no solo dispersan manifestaciones con fuerza letal, sino que han llevado a cabo detenciones arbitrarias masivas de cientos de personas, incluidos menores de 14 años. Muchos detenidos fueron sometidos a desaparición forzada y reclusión incomunicada, prácticas que aumentan el riesgo de tortura. El ministro de Justicia iraní declaró que quienes fueron arrestados a partir del 8 de enero son culpables de participar en “una guerra interna”, una narrativa que justifica la represión y criminaliza el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse.

El caso de Irán demuestra cómo las tecnologías digitales, que en teoría deberían democratizar la información, pueden ser convertidas en armas de control autoritario cuando los Estados invierten en infraestructuras de censura. El esfuerzo de décadas del régimen iraní por nacionalizar su infraestructura de internet le ha otorgado capacidades sin precedentes para censurar, restringir y vigilar toda actividad en línea. Esta combinación de represión física y silenciamiento digital crea un escenario particularmente peligroso donde los crímenes contra los derechos humanos pueden cometerse en la oscuridad, lejos del escrutinio público. 

Mientras la comunidad internacional observa con preocupación, los iraníes continúan luchando por derechos fundamentales que el resto del mundo da por sentados: expresarse libremente, protestar y acceder a la información sin temor a ser asesinados por su propio gobierno.