Aviso de Laura Sarabia de acudir a acciones judiciales contra periodistas es una amenaza contra la libertad de prensa.
El 23 de junio de 2024, la periodista María Jimena Duzán publicó en la Revista Cambio un derecho de petición mediante el cual solicitó información a la directora del departamento administrativo de la presidencia de la república (DAPRE), Laura Sarabia. Las preguntas del cuestionario son de interés público por tratarse de alegaciones de corrupción.
El 27 de junio, la funcionaria Sarabia publicó en la Revista Cambio una manifestación titulada “De cadenas de WhatsApp y otras infamias”, en la cual señala: “Nadie debe estar por encima de la ley. Ni los funcionarios que están mencionados en matrices de colaboración, ni quienes bajo el escudo de columnas de opinión lanzan, en preguntas veladas, afirmaciones malintencionadas. Por tal motivo, he iniciado e iniciaré las acciones legales cada vez que corresponda, pues creo en la democracia y en las instituciones”.
La respuesta de la funcionaria cuestionada es insuficiente y peligrosa conforme a los estándares interamericanos y constitucionales que exigen cautela a los funcionarios públicos en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de información. Los funcionarios públicos tienen el deber de contestar los requerimientos de información, en especial aquellos que se relacionan con el ejercicio de su gestión y los cuestionamientos que sobre ella se planteen. Al hacerlo, no pueden crear o acentuar riesgos contra las personas que ejercen su libertad de expresión. Tampoco deben insinuar que la solicitud de información en el ejercicio periodístico corresponde a señalamientos malintencionados. El debate público se enriquece con la discusión abierta de estos asuntos y con la entrega de información relevante.
La advertencia de acudir a acciones legales resulta preocupante ante las responsabilidades que tiene la funcionaria Sarabia ante el país y ante la opinión pública. El acoso judicial o litigioso contra periodistas es un fenómeno en aumento en Colombia. El Estado está en mora de crear normas que protejan a la prensa de este peligro y los funcionarios no deben contribuir a que este se siga incrementando.
El Veinte respalda a la periodista María Jimena Duzán en su proceso de búsqueda de información en este caso y en las acciones de acoso litigioso que enfrente en el futuro.