Los ataques de Trump contra firmas de abogados: una amenaza contra la democracia

La administración del presidente Donald Trump ha desatado una campaña de presión contra las firmas de abogados que han representado a sus adversarios políticos o lo han demandado en el pasado. Esto ha encendido las alarmas dentro del sector jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica por las consecuencias que la decisión podría traer para la democracia y la ciudadanía. 

Mediante órdenes ejecutivas, Trump ha revocado credenciales de seguridad, cancelado contratos públicos y bloqueado el ingreso a edificios federales de abogados pertenecientes a firmas como Paul Weiss, Perkins Coie y Covington & Burling.

El caso más sonado es el de Perkins Coie, demandada por Trump resultado de haber representado a Hillary Clinton en el año 2016. La firma calificó la orden como “ una afrenta a la Constitución y a nuestro sistema adversarial de justicia”  y logró una victoria parcial cuando una jueza federal concedió una orden de restricción temporal que impide aplicar las sanciones.

Algunas firmas han cedido adelante ante la presión. Paul Ways, por ejemplo, accedió a modificar sus políticas de contratación para alinearse con la agenda anti-DEI (DEI son políticas pro diversidad, inclusión y equidad)  del gobierno y ofreció 40 millones de dólares en servicios legales gratuitos,  lo que provocó renuncias públicas como la de Rachel Cohen, quien denunció la capitulación frente a los ataques contra la diversidad,  la representación legal y la independencia judicial.

El uso del poder ejecutivo para castigar a firmas y a abogados por ejercer su labor representa un ataque directo a la primera enmienda de los Estados Unidos que protege la libertad de expresión. Sin embargo, más allá de esta cuestión, es crucial entender las implicaciones reales de estas acciones del gobierno Trump. 

Revocar las credenciales de seguridad de abogados tiene consecuencias directas en su capacidad para acceder a información y comunicarse con funcionarios gubernamentales. Esto limita su habilidad para representar eficazmente a sus clientes así como su capacidad para poder realizar su labor con normalidad. 

Además, la presión para que los abogados se alejen de ciertos casos o clientes puede tener efectos perjudiciales en el acceso a la justicia. Cuando los profesionales del derecho no pueden representar a ciertos clientes por temor a represalias o sanciones se crea un vacío en la representación legal dejando a múltiples personas sin una defensa adecuada justa y necesaria en litigios en los que pueden estar en juego sus derechos fundamentales. 

La falta de representación puede resultar en juicios injustos, decisiones erróneas y una erosión general de la confianza en el sistema judicial. Además, puede llevar a que ciertos grupos, especialmente los más vulnerables, queden desprotegidos y sin recursos legales para defender sus derechos.

Los principios básicos sobre la función de los abogados de las Naciones Unidas establecen que aquellos que ejercen la profesión jurídica deben ser libres de ejercerla sin interferencias amenazas represalias o discriminación alguna.  Así mismo destacan que los y las abogadas tienen la prioridad de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

A pesar del temor generalizado, algunas firmas como Munger Tolles & Olson y Keker, Van Nest & Peters manifestaron públicamente su apoyo a perkins Coy. Así como la American Bar Association recordó que “los abogados deben poder representar a sus clientes sin miedo a represalias del gobierno”. Sin embargo, muchas voces dentro de la profesión jurídica continúan en silencio generando preocupación sobre la disposición del sector a defender sus propias garantías.

Este episodio no solo representa una vez más las políticas restrictivas del presidente Trump y de su gobierno ante los críticos y opositores sino que también es una amenaza estructural al Estado de derecho. La integridad del sistema judicial depende de la capacidad de los abogados para ejercer su profesión sin temor a represalias o sanciones por parte del gobierno. La pregunta es quién va a dar un paso al frente para defenderlo. Lo que está en juego va más allá de contratos o credenciales, la vigencia misma de una justicia independiente y de la defensa de los valores democráticos es lo que está realmente en juego en esta ocasión.