Radicamos el Proyecto de Ley 481 de 2026 para prevenir y sancionar el acoso litigioso contra quienes informan:

El 4 de noviembre radicamos ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 481 de 2026 Cámara, conocido como Ley Anti-CEPO, una iniciativa que busca prevenir y sancionar el acoso litigioso contra quienes ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público.

En El Veinte defendemos la libertad de expresión y litigamos casos de acoso judicial contra periodistas. A través de nuestro trabajo hemos conocido cómo el sistema judicial puede convertirse en una herramienta de intimidación contra quienes investigan, informan, denuncian o expresan opiniones sobre asuntos de interés público. Tutelas, denuncias penales por injuria y calumnia, demandas civiles y otras actuaciones pueden utilizarse no para resolver una controversia legítima, sino para desgastar económicamente, intimidar y silenciar.

El acoso litigioso tiene consecuencias que van más allá de cada proceso judicial. Impone cargas económicas, emocionales y profesionales a periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil. También puede generar autocensura y limitar la circulación de información necesaria para el debate democrático.

Por eso, consideramos fundamental avanzar en herramientas jurídicas que permitan reconocer y enfrentar estas prácticas. La Ley Anti-CEPO busca que el ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia no se confunda con su utilización abusiva para silenciar voces críticas.

¿Qué proponemos con la Ley Anti-CEPO?

Con este proyecto buscamos incorporar herramientas para identificar, prevenir y sancionar el acoso litigioso en el ordenamiento jurídico colombiano. Para ello, proponemos modificaciones al Código General del Proceso y a la Ley 906 de 2004, además de medidas institucionales para fortalecer la respuesta frente a este fenómeno.

Entre las principales medidas que contempla la iniciativa están:

  • Reconocer el acoso litigioso en distintas jurisdicciones: proponemos identificar estas prácticas a partir de actuaciones judiciales sucesivas o simultáneas, como tutelas, demandas civiles, denuncias penales o quejas disciplinarias, cuando, consideradas en conjunto, permitan inferir un propósito de silenciar o desgastar a quien difunde información u opiniones sobre asuntos de interés público.
  • Establecer mecanismos para una respuesta judicial oportuna: planteamos la posibilidad de dictar sentencia anticipada cuando sea posible verificar, inicialmente, que un proceso corresponde a un caso de acoso litigioso. También contemplamos consecuencias en materia de costas y una multa de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Facilitar el acceso a la defensa pública: buscamos mejorar las posibilidades de defensa de quienes enfrentan este tipo de actuaciones.
  • Fortalecer la formación de operadores de justicia: proponemos incorporar contenidos sobre acoso litigioso en la formación de jueces, fiscales y defensores públicos, para facilitar la identificación de estas prácticas.
  • Producir información oficial: planteamos la creación de un registro unificado de las actuaciones en las que se invoque o declare la existencia de acoso litigioso, para conocer mejor la dimensión y evolución del fenómeno.
  • Articular la respuesta con las medidas de prevención y protección: proponemos incorporar el acoso litigioso como un factor de riesgo en la evaluación de la Unidad Nacional de Protección, sin que esto reemplace la valoración del riesgo físico.

También buscamos establecer el deber de las entidades y los servidores públicos de abstenerse de promover actuaciones judiciales que configuren acoso litigioso, con seguimiento de la Procuraduría General de la Nación en el marco de sus competencias.

Proteger a quienes informan también significa proteger la libertad de expresión

Con esta iniciativa no buscamos limitar el derecho de las personas a acudir a la justicia ni impedir que se reclamen responsabilidades por posibles afectaciones a derechos. Buscamos evitar que ese derecho sea utilizado de manera abusiva para intimidar a quienes participan en conversaciones de interés público.

La libertad de expresión no se protege únicamente evitando la censura directa o la prohibición de publicar. También debemos enfrentar aquellas prácticas que, aunque no impiden formalmente la circulación de información, hacen que informar tenga un costo tan alto que periodistas y medios terminen por guardar silencio.

Creemos que avanzar en garantías frente al acoso litigioso es fundamental para proteger el ejercicio periodístico, fortalecer el debate democrático y garantizar el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información.

Con la radicación de este proyecto damos un paso para que el sistema judicial no sea utilizado como una herramienta de silenciamiento. Seguiremos trabajando para que quienes informan, investigan y se pronuncian sobre asuntos de interés público puedan ejercer su labor sin tener que enfrentar procesos judiciales abusivos como consecuencia de su trabajo.

El Proyecto de Ley 481 de 2026 inicia ahora su trámite legislativo en el Congreso de la República.

¿Quieres conocer la iniciativa? Haz clic aquí para consultar el proyecto completo.

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