La censura contra la radio pública impacta la construcción de paz en Colombia

Desde El Veinte rechazamos la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) e Inravisión de suspender la programación de las 20 emisoras de paz y de la red de radio descentralizada en Colombia. Reemplazar estos contenidos por una parrilla exclusivamente musical transmitida desde Bogotá no es una simple reorganización administrativa; configura un acto de censura indirecta que vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

La orden transmitida por mensajes informales a las direcciones de los medios, sumada al anuncio del MinTIC de desmantelar lo que calificó como un “aparato de propaganda”, representa un veto desproporcionado. Bajo el pretexto de una “revisión de contenidos”, el Estado amordaza la voz periodística regional y priva a más de 463.000 personas en municipios PDET, como Bojayá, Ituango, Arauquita, Tierralta y San José del Guaviare, de acceder a información oportuna sobre hechos de interés público.

Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el uso de medidas administrativas para apagar franjas informativas constituye un grave precedente de censura previa y control oficial. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe taxativamente restringir el derecho de expresión mediante controles gubernamentales. Someter a una “revisión editorial” la totalidad de la programación del sistema de medios públicos contraviene directamente los estándares sobre independencia periodística y pluralismo informativo.

La suspensión de estos espacios atenta contra la infraestructura comunicativa construida en el marco del proceso de paz de 2016.

• Violación del Punto 6.5 del acuerdo final de paz: Estas emisoras no responden a la agenda coyuntural de ningún gobierno; nacieron como una garantía de reparación, pedagogía del acuerdo y democratización de la palabra para comunidades históricamente silenciadas.
• Incumplimiento del mandato constitucional: El Acto Legislativo 02 de 2017 obliga a las autoridades a ejecutar el Acuerdo de Paz de buena fe. Centralizar las emisiones desprotege a poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas.

El acceso a la información en regiones vulnerables no es un lujo ni un contenido sustituible por entretenimiento; en contextos de conflicto, la información local actúa como un mecanismo de protección y prevención de violencia. Desconectar los territorios debilita la veeduría ciudadana y erosiona el tejido social necesario para la construcción de una paz estable.

Solicitaremos vía acción de tutela, que se ordene al MinTIC y a la administración del Sistema de Medios Públicos:

1. Restablecer de forma inmediata la programación informativa, territorial y participativa en la red de emisoras regionales y de paz.
2. Cesar las medidas de control previo y censura, garantizando la independencia editorial de la radio pública.
3. Adelantar revisiones administrativas con alternativas proporcionales, que jamás impliquen el apagón informativo de las comunidades.

La libertad de expresión y la garantía de la información desde todos los territorios de Colombia no son concesiones del Estado, sino pilares innegociables de la democracia y garantía de la no repetición del conflicto armado interno. 

El Veinte