El veto a periodistas críticos por parte del gobierno nacional vulnera el derecho a la información de toda la ciudadanía

Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, dio a conocer el contenido de una hoja de ruta impartida desde la Presidencia de la República a los ministerios sobre su relacionamiento con los medios de comunicación. De confirmarse, esta directriz representa una de las restricciones más graves al derecho a la información que se hayan documentado en lo corrido de este gobierno, y la rechazamos de manera categórica.

Según la información conocida, desde la Presidencia se ordenó: suspender ruedas de prensa y entrevistas a medios que no sean considerados “amigos” del Gobierno, salvo que sea para un tema estratégico y previamente autorizado por la presidencia; limitar a los ministros a declaraciones sin posibilidad de preguntas; excluir a los viceministros de toda vocería oficial; centralizar la comunicación del Gobierno en un único vocero, con una línea narrativa impuesta desde Casa de Nariño; y suspender, bajo el argumento de austeridad, la totalidad de la pauta oficial vigente con los medios, hasta nueva revisión. Cada uno de estos puntos, por separado, sería preocupante. Juntos, configuran un esquema deliberado de control de la información pública que vulnera tanto la libertad de prensa como el derecho ciudadano a estar informado.

Los funcionarios públicos no deciden a quién le rinden cuentas. Ministros y viceministros administran recursos y decisiones que afectan a toda la ciudadanía, no solo a los medios que el Gobierno considere afines. El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y de prensa sin censura previa; el artículo 74 consagra el derecho de acceso a los documentos públicos; y la Ley 1712 de 2014 obliga a toda la administración a un principio de máxima publicidad. Clasificar a la prensa entre “amiga” y el resto no es una política comunicacional, es una forma de censura indirecta que discrimina el acceso a la información según la línea editorial de cada medio, algo que la Corte Constitucional y el sistema interamericano han condenado de manera reiterada.

La suspensión de pauta bajo pretexto de austeridad es, además, un instrumento de presión económica. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (Principio 13) prohíben expresamente el uso de la publicidad oficial como mecanismo de premio o castigo hacia los medios según su cobertura. Que la revisión de la pauta coincida con el cierre de ruedas de prensa a medios no afines no es casualidad sino que es un patrón que hemos visto replicarse en otros países de la región, y que erosiona la sostenibilidad de un periodismo independiente ya de por sí golpeado económicamente. 

En El Veinte seguiremos documentando y denunciando cualquier intento de restringir el debate público y de cercenar el derecho de la ciudadanía a permanecer informada. 

El Veinte.