OYE SIRI ¿ME ESTÁS ESPIANDO?

El pasado 10 de enero Apple llegó a un acuerdo para cerrar el proceso judicial ante una Corte de Estados Unidos por supuestamente grabar conversaciones privadas sin consentimiento mediante el asistente de voz Siri. Aunque el gigante tecnológico negó haber compartido esta información con terceros, la empresa enfrentaba señalamientos por estas activaciones accidentales del sistema en las cuales se grababan las interacciones personales de los usuarios. Esto, con el supuesto fin de mejorar la publicidad dirigida a aquellos usuarios de productos Apple.
Pese a la gravedad de las acusaciones y de lo que implica esta evidente violación a la privacidad de las personas, el caso ha pasado relativamente desapercibido fuera de los círculos legales y tecnológicos así como fuera del contexto estadounidense. Esto, en comparación con otros procesos que enfrentan las grandes plataformas como los procesos en ese país contra Google por prácticas anticompetitivas.
Sin embargo, esto no se trata de un hecho aislado. En los últimos años, múltiples empresas tecnológicas han sido señaladas por prácticas similares de recopilación de datos sin consentimiento claro y la poca transparencia sobre la forma en la que esta información personal será tratada por las empresas.
En Europa, organizaciones y diversas Cortes han impuesto sanciones a plataformas como Google y Amazon por prácticas invasivas con sus dispositivos. Aunque en América Latina los marcos legales del Habeas Data ofrecen cierta protección, en la práctica son pocas las decisiones que han protegido a la ciudadanía y a su privacidad.
El problema no es solo una cuestión legal sino una cuestión política estructural y social. La tecnología avanza más rápido que las regulaciones y con esto se expande una zona gris de vacíos legales donde la privacidad deja de ser un derecho y se convierte en una variable negociable y en mercancía.
Las grandes empresas tienen cada vez más poder para decidir qué datos de sus usuarios recopilan, cómo se almacenan y con quién se comparten. Y lo hacen no solo sin la autorización de los usuarios sino con poca supervisión por parte de las respectivas autoridades y del control ciudadano. Los usuarios, que no siempre comprenden los alcances de lo que aceptan en las políticas de privacidad, quedan atrapados en ecosistemas digitales donde el consentimiento parece ser una formalidad vacía.
Casos como lo ocurrido con Siri y Apple en Estados Unidos recuerdan que la privacidad no es un privilegio técnico ni un problema menor. Es un componente fundamental de la libertad de expresión ya que consolida un espacio seguro para la comunicación libre de opiniones. Por esto es que el control ciudadano sobre aquellas empresas que tienen poder tanto económico como político se vuelve fundamental en las demostraciones modernas.
Si se normaliza que las conversaciones privadas puedan ser escuchadas analizadas y monetizadas sin autorización de las personas, el derecho a la privacidad corre el riesgo de ser acorralado de forma silenciosa e Irreversible. Es por esto que son necesarias consecuencias reales más allá de una cuestión de multas y de pagos por incumplimientos como por ejemplo una veeduría empresarial por parte de un tercero.